El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, intervino en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional este viernes, para evaluar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1085 del 2 de julio de 2023, con el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. 

En la cita, el máximo representante de la Defensoría del Pueblo manifestó que si bien el cambio climático y el fenómeno del Niño agravan la situación, la problemática que, de forma permanente y crónica, sufre el Pueblo Wayúu en La Guajira, es causada por la negligencia estatal que se traduce en la ausente y defectuosa infraestructura de servicios y la falta de planeación que permita la sostenibilidad de los proyectos productivos en la región.

Camargo dio respuestas a los interrogantes formulados por el alto tribunal constitucional en el Auto 1702 de 2023: “En relación con las condiciones actuales en materia de derechos en La Guajira y su relación con el fenómeno migratorio, desde la Defensoría hemos presentado diversos informes que han visibilizado la grave afectación de derechos que padece la comunidad Wayúu, especialmente, sus niñas, niños y adolescentes en los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha”.

El dirigente también agregó que la entidad protectora de los derechos humanos en el territorio nacional ha manifestado en distintas oportunidades la ausencia de coordinación y articulación entre las entidades nacionales y territoriales. “Prueba de ello, la falta de un censo actualizado, completo y veraz, de la población Wayúu”, puntualizó Carlos. 

A partir del trabajo en terreno realizado por los equipos especializados de la Defensoría del Pueblo, indicó que persisten las situaciones que originaron el amparo de derecho de menores de edad de

las comunidades indígenas con asiento en ese departamento del norte del país.  “Entre enero y julio de este año, murieron 39 niñas y niños menores de cinco años por desnutrición y causas asociadas a esta enfermedad, sin tener en cuenta el alto subregistro de fallecimientos que se presenta en la región”, aseguró Camargo Assis.

De la misma manera, expresó que de las 27 comunidades visitadas, solamente una, Media Luna Jawao, cuenta con una solución integral para el suministro del agua, seis tienen sistema de potabilización en funcionamiento y 19 se abastecen de jagüeyes o pozos de agua salobres. El acceso al agua es limitado, lo que, en consecuencia, no está siendo garantizado.

Otra necesidad básica insatisfecha tiene que ver con la prestación del servicio a la salud. La vulneración de ese derecho fundamental a las comunidades ha sido sistemática en la capital Riohacha y las poblaciones de Manaure, Maicao y Uribia. 

“Factores ambientales, escasez de agua potable, deficiencia alimentaria y nutricional, mortalidad infantil, entre otros, manifestados previamente en nuestros informes defensoriales sobre lo que vive el departamento, han desencadenado una problemática estructural que, con el paso del tiempo, se ha agudizado”, señaló el Defensor del Pueblo.

Finalmente, Carlos Camargo terminó haciendo un llamado de atención a los entes del orden nacional, departamental y municipales: “Deben trabajar de manera conjunta y armónica, solo así podrán ser impulsados programas de desarrollo sostenible, generadas soluciones integrales y creadas, en el mejor de los casos, políticas públicas para combatir la crisis social y humanitaria que vive La Guajira, otra de las regiones históricamente abandonadas por el Estado”.